La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, aprobó una propuesta de unificación, para que se analice y se realice un texto único de un solo proyecto, de manera consensuada con todos los actores involucrados.

Se trata del proyecto de ley que establece políticas de prevención y protección contra la violencia sexual digital y mediática, adiciona disposiciones al Código Penal y dicta otras disposiciones, la Ley 50 que modifica y sanciona artículos al Código Penal sobre delitos informáticos y la iniciativa de Ley 61, por el cual se adoptan medidas contra la ciberdelincuencia y se dictan otras disposiciones.

En Panamá, de acuerdo con las estadísticas plasmadas en el informe de la marcha sobre la administración de justicia, se produjo un aumento de un 113% en los delitos contra la seguridad informática, en el periodo de junio 2023 a mayo de 2024, en comparación con el periodo anterior -junio 2022 a mayo de 2023- lo cual refleja un incremento sustancial en diversas conductas punibles como el acceso ilícito a base de datos, red o sistema informático, apoderamiento, modificación y utilización indebida de base de datos, entre otras conductas. 

La ciberdelincuencia es una realidad global en constante evolución que afecta tanto a individuos como a organizaciones públicas y privadas. El crecimiento exponencial de delitos cometidos a través de medios tecnológicos, como fraudes informáticos, acceso ilícito a sistemas y la distribución de material de abuso sexual infantil en línea, ha revelado la urgente necesidad de una respuesta jurídica sólida y coordinada a nivel internacional.

La comisión también prohijó el proyecto de ley que establece la protección de la integridad e indemnidad sexual de las personas menores de edad y modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 69 de 2007; el proyecto de ley que transparenta las actas y otros archivos del Consejo de Gabinete, y el proyecto de ley que modifica y adiciona artículo al Código Penal.

Estuvieron presentes fiscales del Ministerio Público de Panamá y representantes del Colegio Nacional de Abogados, entre otros.