Conocer información relevante acerca de los servidores públicos es una de las estrategias para combatir la corrupción, es lo que se planteó en la aprobación, en primer debate, del proyecto de ley 27, que transparenta las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía, en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho Castro.

Según su proponente, el diputado Roberto Zúñiga, la propuesta busca detectar de forma preventiva aquellos actos que puedan dar indicios de corrupción, por lo que se incluye la obligación de presentar una actualización anual de la declaración jurada de estado patrimonial, y cuando se produzcan alteraciones significativas, para que las malas prácticas en la administración pública puedan ser atacadas de inmediato, y no después de finalizar el mandato.

Explicó que este proyecto de ley tiene como finalidad combatir la pobreza, que los recursos públicos no se desvíen, que los niños y niñas de nuestro país tengan acceso a una educación de calidad con infraestructuras dignas, que el agua potable llegue a todos los panameños sin la necesidad de contratos con camiones cisternas vinculados a un político, que la basura se recoja de manera correcta en nuestros barrios y que los medicamentos bajen de precio.

Participaron de este primer debate representantes de Transparencia Internacional, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el defensor del Pueblo, miembros del Tribunal de Cuentas, del Ministerio Público, de la Fundación Libertad y del Colegio Nacional de Abogados.

También, fue aprobada la creación de una subcomisión integrada por los diputados Ariel Vallarino, Roberto Zúñiga y Francisco Brea, para ampliar y enriquecer el proyecto de ley 28, que crea la figura de auditoría de cumplimientos normativos estatales para las entidades públicas, como garante de la transparencia institucional.

Walkiria Chandler D´Orcy, proponente, manifestó que se plantea la creación para todas las instituciones públicas que manejen presupuesto, la figura de un auditor de cumplimiento normativo, con el objeto de modernizar y fortalecer la figura y funciones del auditor interno que, en la actualidad, ha quedado en obsolencia y su gestión se ha caracterizado por tener poca efectividad.

Representantes de instituciones presentes en la sesión, como la ANTAI, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público, la Fundación Libertad, la Fiscalía de Cuentas y el Colegio Nacional de Abogados, presentaron sus observaciones y manifestaron no estar de acuerdos con la creación de nuevos cargos.Con respecto a lo del control previo tampoco estuvieron de acuerdo, por ser función exclusiva de la Contraloría General, por ley, y también expusieron que se podrá dar dualidad de funciones, por lo que recomendaron mejorar la redacción de la norma.

Por otro lado, fueron prohijados por esta instancia legislativa tres anteproyectos de ley; el primero, el que modifica el Código Penal, relacionado con el comercio ilícito y contrabando; el que modifica la Ley General de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados y, por último, el que respecta a la trata de personas y actividades conexas.

La diputada Walkiria Chandler, proponente de la primera iniciativa, señaló que las rutas que se utilizan para el contrabando y el comercio ilícito es la antesala a otras actividades conexas relacionadas, como lo son el blanqueo de capitales y el narco- tráfico, ya que la posición geográfica de Panamá se ha estado utilizando para que de este punto a otras áreas se pasen distintos tipos de mercancía que nos afectan.

El diputado José Luis Varela, proponente del segundo anteproyecto, plantea con esta norma revisar la tenencia legal de las armas, sobre todo, para campesinos, agricultores y otros, que no viven en áreas urbanas y que estas armas las utilizan para proteger sus cultivos e integridad propia.

Para el parlamentario Francisco Javier Brea Tristán, su propuesta sobre trata de personas busca impulsar la lucha contra el crimen organizado, cuyas cifras en este tipo de delitos señalan que un 42 por ciento de las víctimas son mujeres adultas y 18 por ciento niñas.