Con la introducción de que es una acción no exclusiva contra las mujeres se referenció el segundo debate del proyecto 61 que persigue las nuevas técnicas de invasión y acoso por medio de la tecnología o ciberdelitos.

En la discusión fue relevante el tema de que no es un instrumento legal de genero pues va dirigido a dar seguridad a la sociedad contra las nuevas formas delictivas y abarca la asistencia jurídica internacional.

Propone introducir nuevos tipos penales específicos para conductas delictivas que no estaban contempladas en la legislación vigente, tales como el uso de tecnología de la información, comunicación electrónica, abuso de dispositivos, interceptación ilícita de datos ataques, a la integridad de los sistemas.

Al igual, tipifica el acoso a los menores por vía cibernética, suplantación de identidad, disfunción no consentida de material íntimo y otros delitos relevantes.

El Proyecto de Ley 61, aprobado con 52 votos, unánimemente, resultó de la combinación de ideas entre la Procuraduría General de la Nación (PNG) y la nueva Asamblea, que se dieron en las consultas y de las reuniones en primer y segundo debate.

FUNCIONARIO DEL PGN EXPLICA SUS ALCANCES FUERA DE FRONTERA

En el periodo para dilucidar sus objetivos, estuvo presente en el pleno Agustín Almario, fiscal superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien manifestó que la propuesta tiene un objetivo integral que es establecer disposiciones en materia de ciberdelincuencia.

Para ampliar los conocimientos de los diputados, explicó que la ciberdelincuencia no es más que aquella conducta realizada por medios digitales o sistemas informáticos o cualquier otra tecnología o mecanismo de comunicación.

Resaltó que es un proyecto integral, toda vez que establece disposiciones en materia sustantiva, a través de la inclusión de nuevas conductas delictivas dentro de nuestro Código Penal, así como modificaciones al Código Procesal Penal. Añadió que se incluyen normas concernientes a la cooperación jurídica internacional.

Adujo que es en respuesta a la responsabilidad que tiene el Estado panameño desde el año 2013 cuando se adhirió al principal convenio en materia de ciberdelincuencia, aprobado por la mayor cantidad de países en el mundo, que es el Convenio de Budapest.

Concluyó que se adecúan las reglas penales a la realidad en materia delictiva, entre ellos la tipificación de la suplantación de identidad, abuso de sistemas informáticos, delito de brumin, agravados cuando afecten la infraestructura del Estado (base de datos).