Representantes del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, (Cofadesavi), solicitaron a los diputados presentar una iniciativa de ley que les permita potenciar su acceso a beneficios médicos y social, sobre todo por los criterios encontrados para la certificación, tras cumplirse 19 años del envenenamiento masivo por dietilenglicol en el 2006.

Gabriel Pascual, presidente de la organización, sostuvo que hay más de 700 pacientes sin recibir su certificación, algo que les impide recibir su pensión vitalicia y otras ayudas estatales.

Sostuvo que el comité de salud, integrado por 3 doctores del MINSA y 3 de la Caja de Seguro Social, y el representante del Ministerio de Economía deben reunirse para acordar puntos específicos plasmados en la Ley 13 del 20 de marzo de 2010 y unificar criterios para la certificación de muchos pacientes que no han podido ingresar a estos beneficios.

La Ley 13 de 2010 de Panamá fue promulgada el 29 de marzo de 2010. Esta ley establece una instancia para el seguimiento de los derechos de las víctimas de la intoxicación masiva con dietilenglicol. También establece una pensión vitalicia especial. 

El dirigente explicó que en octubre se cumplirán 19 años de la tragedia del envenenamiento masivo por consumo de dietilenglicol; por lo que solicitan a los diputados la presentación de una iniciativa más clara de beneficios a los sobrevivientes.

Señaló que están a la espera de una reunión con el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, para plasmarle una serie de aspiraciones en materia de atención médica y distribución de medicinas para los pacientes.

Pascual recordó, ante el pleno legislativo, que la ingesta de dietilenglicol ha ocasionado miles de fallecidos y afectaciones a la salud de 1.300 personas, luego de que en la CSS se despacharan más de 100 mil recetas.

Reiteró que en la actualidad hay decenas de afectados que no han sido reconocidos ni indemnizados y otros han muerto a lo largo de los años.