La Asamblea Nacional, bajo la presidencia del diputado Jorge Luis Herrera, culminó la primera legislatura del segundo período de sesiones ordinarias, 2025-2026 con un balance legislativo significativo, caracterizado por la presentación, discusión y aprobación de iniciativas orientadas al desarrollo nacional, la modernización institucional y el bienestar social.

Durante este período, se presentaron 178 proyectos de ley

Del total de iniciativas presentadas, 166 fueron introducidas por el Órgano Legislativo, reflejando el compromiso de los diputados con la generación de propuestas en favor de la ciudadanía.

Por parte del Órgano Ejecutivo se presentaron 10 iniciativas, enfocadas en reforzar políticas públicas gubernamentales.

Asimismo, 2 iniciativas provinieron de otras instituciones del Estado, como la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Electoral, orientadas a fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica.

En el desarrollo del proceso legislativo, 80 proyectos alcanzaron el primer debate, 40 llegaron al segundo debate, y 40 lograron aprobación en tercer debate.

De estas iniciativas, 28 fueron sancionadas y se convirtieron en Ley de la República, 1 permanece pendiente de sanción y 11 fueron objetadas por el Órgano Ejecutivo, incorporando nuevas herramientas legales para el fortalecimiento del marco normativo nacional.

Leyes destacadas, sancionadas entre julio y diciembre de 2025

Entre las 28 leyes sancionadas, se resaltan las siguientes por su impacto directo en materia social, económica, administrativa y de seguridad:

        •      Ley 488, que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes en relación con el programa de alto rendimiento y medicina aplicada al deporte, fortaleciendo el respaldo estatal a los atletas de alto nivel.

        •      Ley 481, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios, facilitando el acceso a la vivienda y apoyando a las familias panameñas.

        •      Ley 498, que protege y fomenta la lactancia materna, garantizando condiciones que contribuyan a la salud y nutrición de la primera infancia.

        •      Ley 487, que modifica el Código Penal relativo al delito de hurto, fortaleciendo la capacidad del Estado para combatir este delito y mejorar la seguridad ciudadana.

        •      Ley 493, que crea la Autoridad de Pasaportes de Panamá, modernizando y optimizando los servicios para la emisión de documentos de viaje.

        •      Ley 492, que elimina términos peyorativos del Código Civil, promoviendo un lenguaje legal respetuoso, inclusivo y acorde con los principios de dignidad humana.

        •      Ley 501, que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, reforzando los mecanismos de prevención, control y protección de la población ante delitos sexuales.

      •     Ley 489, por la cual se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica entre los Estados Parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), fortaleciendo las relaciones comerciales de Panamá y ampliando oportunidades para la integración económica regional.

      •    Ley 503, que establece el aprovechamiento y utilización del agua pluvial en proyectos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, con el fin de promover la sostenibilidad hídrica y el uso responsable del recurso.

      •      Ley 499, que adiciona un artículo transitorio al Código Fiscal para autorizar la acuñación de monedas conmemorativas destinadas a la Asociación de Pro obras Benéficas, preservando su legado histórico y cultural.

    •      Ley 497, que crea la Oficina para la Promoción de la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones, con el propósito de fortalecer la competitividad nacional y estimular el crecimiento económico.

Estas acciones legislativas reflejan el compromiso del Pleno por actualizar el marco jurídico nacional, impulsar políticas públicas de impacto y responder a las demandas ciudadanas, priorizando el consenso, la transparencia y el fortalecimiento democrático.

Este resultado legislativo evidencia el compromiso institucional con el país y con la construcción de leyes que aporten soluciones reales a la población panameña, demostrando que el trabajo parlamentario orientado al diálogo y la búsqueda de acuerdos puede traducirse en beneficios concretos para el desarrollo nacional.