Con la sanción por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, de la Ley 462, que modifica la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), los panameños ya cuentan con un nuevo instrumento jurídico aprobado por la nueva Asamblea Nacional, cuyo texto mantiene la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Luego de un amplio periodo de consultas ciudadanas, que abarcaron la ciudad capital y el interior del país, la Nueva Asamblea jugó y cumplió su rol de entregar al país una nueva ley de seguridad social que garantiza una mejor calidad de atención y de jubilación a los panameños, al lograr consensuar parte del articulado del proyecto original presentado por el Órgano Ejecutivo, el pasado 6 de noviembre de 2024, y posteriormente, en el pleno legislativo, lograr aportes y consensos entre las bancadas legislativas, logrando un texto único que beneficiará a toda la población asegurada.

La norma crea el Sistema Único de Capitalización Solidaria, que se sostendría a través de un Fondo Único Solidario, el cual contempla dos componentes para las pensiones; el primero de ellos es el No Contributivo, que permite asignar una pensión de beneficio mínimo de $144.00 o una pensión de beneficio solidario, sometida a un cálculo en el que se incluyen los aportes del cotizante.

En tanto, el segundo se trata del Componente Contributivo de Capitalización Solidaria, que instituye pensiones basadas en el valor de sus cotizaciones acumuladas en sus cuentas individuales, y cuyo valor se le aplicará una tasa de rentabilidad sujeta a las políticas de inversiones de las reservas del Fondo Único Solidario y se introduce una tasa de reemplazo mínima del 60% sobre el salario promedio base de la pensión por vejez.

Por otro lado, la Ley señala que la CSS podrá destinar hasta un 10% de su fondo de inversiones a entidades privadas, mientras que un 90% debe invertirse en bancos estatales, como la Caja de Ahorros y el Banco Nacional de Panamá (BNP).

En cuanto a los aportes, a partir de la entrada en vigencia de la Ley, los empleadores pagarán una cuota equivalente a 13.25% de los sueldos que paguen a sus empleados y, del 1 de marzo de 2027 hasta el 28 de febrero de 2029, el equivalente será de 14.25% de los salarios que paguen a sus empleados.

Mientras que la cuota pagada por los trabajadores independientes, será de 9.36% del ingreso cotizable para cubrir las prestaciones del Programa de Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y el 8.5% del ingreso cotizable para para el monto de aportes voluntarios destinado al riesgo de Enfermedad y Maternidad.

Igualmente, el Estado aportará un subsidio de $20,5 millones anuales para compensar fluctuaciones o disminución de tasas de interés que mantenga la Caja de Seguro Social en bonos u otros valores; además de un aporte de $25 millones anuales al Riesgo de Enfermedad y Maternidad.

Para cubrir el déficit actuarial, más un aporte de $966 millones anuales, el cual, se ajustará cada año en base a un análisis actuarial.

Del mismo modo, se recibirá el 50% de los aportes al Estado, que realicen empresas estatales o mixtas que obtengan sus ingresos del aprovechamiento de los recursos hídricos nacionales.