La Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, una norma legal que sanciona y combate las ciber estafas mediante un "certificado de conformidad" gratuito, emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá a los sitios web, validando la identidad de las empresas y personas que se dedican a ofrecer bienes y servicios.

El Proyecto de Ley No. 302; Que establece medidas para prevenir y sancionar estafas mediante uso de páginas web, precisa que todas las empresas que establezcan un sitio web, donde se ofrezcan, servicios, productos, desde el exterior e interno del país, deben cumplir, obligatoriamente, la inclusión del pie de página (footer) del sitio, un perfil de identidad corporativa, que describa su razón social, un domicilio comercial y/o fiscal, en la República de Panamá y/o en el extranjero.

Este domicilio deberá incluir la ubicación física, cierta, comprobable y exacta, incluyendo oficina, local, piso, corregimiento y provincia.

Según lo aprobado, es un Registro que será gratuito ante la Dirección General de Comercio Electrónico del MICI para validar la autenticidad y legalidad del sitio web y su titular.

MECANISMO PARA DESISTIR LA CONSTITUCIÓN O CONFIGURACIÓN DE UN DELITO

El diputado Jamis Acosta, proponente, expresó, en el primer debate de esta norma, que la creciente digitalización de servicios financieros y comerciales, combinada con el incremento del uso de páginas web para la realización de transacciones, compras, trámites, ha traído consigo nuevos desafíos en materia de seguridad.

Acosta abonó, en las discusiones, que el motivo del Proyecto 302 fortalece todo mecanismo de prevención para contrarrestar cualquier constitución de un delito, ya que el comercio electrónico y la digitalización de las transacciones son pilares fundamentales de la economía moderna.

Sobre esta materia, se dijo que en Panamá la ausencia de marcos legales modernos y efectivos ha dejado vulnerables tanto a los consumidores como a las empresas frente a actividades ilícitas como la suplantación de identidad, fraudes en las plataformas de comercio electrónico y la manipulación de información.

La aprobación de este instrumento legal para los diputados es fundamental para garantizar la protección de los usuarios de internet y vigorizar la seguridad del ecosistema digital, promoviendo la transparencia y la integridad en el uso de páginas web y servicios digitales.