Con el propósito de capacitar al personal administrativo de la Asamblea Nacional,  la Dirección Nacional de Asesoría Legal en Asuntos Administrativos de esta institución, dirigida por Kathia Rodríguez, llevó a cabo una reunión para fortalecer los conocimientos de las leyes y los derechos en materia laboral que tienen los trabajadores que sufren de  enfermedades crónicas y degenerativas, las personas con discapacidad y la protección que gozan sus padres o tutores en caso de ser despedidos.

Rodríguez destacó que esta jornada de capacitación interna con los asesores legales es un círculo de debate y análisis para dar a conocer aspectos fundamentales, experiencias y fallos para enlazar y canalizar todos los conocimientos en cuanto a los recursos de reconsideración en materia de fueros laborales para la protección personas con una discapacidad o enfermedad degenerativa o ser padre o madre de una persona con discapacidad y sostenerlo económicamente.

Añadió que los interesados en el tema podrán consultar en físico la Revistas Jurídica 2023-2024 de la Asamblea Nacional y en la página web a través de un código QR, con el objetivo de instruir al personal y evitar la vulnerabilidad de los derechos de los servidores públicos.

Durante la reunión, Irving Ríos, asesor legal de la institución, intercambió información y aspectos jurídicos con los participantes en relación con la Ley 42 del 27 agosto de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, reformada a través de la Ley 15 de 31 de mayo del 2016. 

Hay que garantizar el cumplimiento de las leyes

Manifestó que en la actualidad existen leyes que protegen a los padres, madres o tutores que tienen hijos o familiares con algún tipo de discapacidad en caso de ser destituidos, ya que son el sustento de la familia. Al respecto, enfatizó la importancia de garantizar el cumplimiento de estas normas.

Ríos se refirió al tema a nivel general  y de manera integral destacando los derechos y las acciones que lleva a cabo el Estado para incluir y equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad y todo lo que tiene que ver con el fuero del que estas gozan.

Añadió que el tema de la  discapacidad en Panamá tiene un marco constitucional legal y también está salvaguardado por normas de derecho internacional a través de convenciones y estrategias de políticas públicas.

Destacó que hay leyes que son facilitadoras de la inclusión y también leyes que representan beneficios específicos para las personas que padecen alguna discapacidad o enfermedad degenerativa.

Finalmente, recordó que en Panamá la Constitución del 2004 incluyó de manera taxativa el derecho que tienen las personas con discapacidad a ser consideradas y equiparadas en todas las áreas, garantizando sus derechos a la educación, al trabajo y a la salud, entre muchos más.